V Asamblea General
Buenos Aires, 19-25 de febrero de 2007
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Situación Fiscal en Puerto Rico
Es necesario virar la Tortilla

San Juan/NS por Ángel Luís Rivera Agosto

PUERTO Rico atraviesa por una crisis sin precedentes en cuanto a su situación fiscal. Esta crisis ha provocado un cierre parcial del gobierno del Estado Libre Asociado y la imposición de una "licencia sin sueldo" a casi 100,000 trabajadores del sector público. Esta crisis se ha agudizado por la falta de acuerdo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, controlados por bandos de diferentes partidos políticos y/o tendencias dentro de un mismo partido, a los efectos de conseguir soluciones consensuadas al problema. También agrava la situación el que agencias acreditadoras extranjeras, como lo son Standard and Poor y Moody´s, están considerando degradar el crédito de Puerto Rico en vista de la situación fiscal del país.

Desde hace varios años se ha estado hablando de la necesidad de una reforma fiscal en el Gobierno. Varios presupuestos enviados por el Ejecutivo y refrendados por el Legislativo han resultado estar desbalanceados en términos de ingresos y egresos. El planteamiento de reforma aborda tres áreas principales, a saber: reforma del gasto público, la reforma de la deuda pública, y la reforma contributiva. Los gobiernos de turno, incluyendo el actual, han estado enfocando sus análisis y propuestas en una reforma contributiva.

Al analizar las propuestas originales que someten los dos poderes gubernamentales se identifican puntos de contacto comunes. En primer lugar, hablan de un impuesto al consumo, que se traduce en un impuesto a la venta de 7%. En segundo lugar, proponen una reducción de las tasas de la contribución sobre ingresos. Esta traería como resultado unas tasas más bajas, menos diversificación en las fuentes de ingreso y las tasas más altas comenzarían en $100,000.00 en vez de $50,000.00 como actualmente se encuentra. En tercer lugar, créditos para compensar la regresividad. Y en último lugar, eliminan la penalidad al matrimonio.

Ahora bien, ¿dónde están las diferencias? En primer lugar, tomamos el impuesto al consumo (7%). La propuesta del Ejecutivo tiene mayor cobertura: tiene un número limitado de excepciones, e incluye algunos servicios de "negocio a negocio". La propuesta del Legislativo se aplica sólo en el punto final de la venta, y tiene más excepciones. En segundo lugar, hay que señalar lo que sucede con la contribución sobre ingresos. En general la propuesta del ejecutivo introduce muchos más cambios que la propuesta del legislativo.

Cabe señalar que en la propuesta del ejecutivo pudiera haber un efecto importante en el costo de la vida y el costo de hacer negocios. Además, pudiera haber un golpe al mercado local capital y un efecto adverso en bienes raíces (vivienda y otras propiedades); y más importante aún, no está claro que se logre controlar lo que algunos economistas plantean como el principal problema, a saber: la evasión contributiva.

Definitivamente, Puerto Rico necesita una reforma fiscal. Pero el asunto va más allá de una aplicación de impuestos. El problema está en el poder con que gozan los intereses económicos, los sectores más poderosos, y su relación con la política partidista y las agendas personalistas escondidas. El sistema contributivo actual es injusto y permite que el que, por un lado, tenga, tenga más y evada su responsabilidad tributaria. Por el otro, el que tiene menos, paga más y es penalizado si evade su responsabilidad. Además, resulta necesario hablar de otros temas tales como los controles del gasto público y la disminución de la deuda pública. Es de conocimiento público que los que tienen en sus manos la administración pública, por años, han malgastado y contribuido a la crisis fiscal actual; además, no han permitido que los que financian sus campañas políticas, muchos de ellos evasores corporativos, sean puestos a cumplir con su deber contributivo.

Ahí se instala la propuesta que venimos haciendo como CLAI. Resulta necesario que "la tortilla se vire". Nos parece que, independientemente de los necesarios ajustes que se pueden hacer a nivel del sector público hay que enfocar esfuerzos en los sectores que disfrutan de jugosos contratos con el Gobierno y no contribuyen proporcionalmente a los beneficios que obtienen.