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Ley que castiga violencia contra la mujer es aprobada

Ciudad de México/ Adital

Movimientos feministas y de combate de la violencia contra la mujer en México esperan que con la aprobación por el Senado de la República de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, haya más justicia y menos impunidad. Datos indican que en los últimos seis meses 6 mil mujeres y niñas fueron asesinadas en el país. Y más: en el 90% de los delitos no se ha señalado a un culpable y los familiares de las víctimas quedan desamparados. 

En general, la ley fue aprobada con 106 votos a favor y uno en contra . La nueva herramienta legal obliga al Estado a intervenir en forma directa para evitar cualquier tipo de agresión contra mujeres y niñas. El instrumento podrá ser bastante útil, si fuere bien aplicado, para resolver situaciones alarmantes como el vivido en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Desde 1993, se inició una serie de asesinatos y desapariciones. Actualmente, ya se suman 460 mujeres asesinadas y otras 600 desaparecidas. Y la mayoría de los casos sigue impune.

En entrevista concedida a Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), la ex-diputada Marcela Lagarde , afirmó que esta aprobación es el resultado de 30 años de lucha de las feministas para erradicar la violencia contra las mujeres. Agregó que la aprobación es el fin de un ciclo y el comienzo de otro, pues hay mucho trabajo por realizarse, ya que la ley implica una reforma del Estado, de las instituciones, de las prácticas, de los usos y costumbres de una cultura patriarcal.

La ley aprobada por el Senado es considerada una de las más avanzadas en toda la región iberoamericana. Además de contemplar la creación de un sistema integral de prevención, protección y asistencia, establece también las competencias y obligaciones del Estado, en el ámbito federal, estatal y municipal.

Un punto bastante importante de la ley, es que incluye dentro del concepto de violencia de género los aspectos no sólo físicos, sino también psicológico, patrimonial, económico, laboral, institucional, sexual y de matrimonio. De acuerdo con la ley, el Estado va a destinar recursos financieros para tratar los casos de violencia contra las mujeres.

Le cabe ahora a los estados y municipios, revisar y modificar sus códigos penales y civiles.