Mensaje del Director del IIDH

Referéndum en Costa Rica sobre el tratado de libre comercio

San José, Costa Rica, 5 de octubre de 2007. Costa Rica decidirá el 7 de octubre de 2007 si el Tratado de Libre Comercio (TLC), que suscribió conjuntamente con República Dominicana, los otros Estados centroamericanos y los Estados Unidos, tendrá vigencia o quedará sin efecto jurídico. El debate sobre su conveniencia o utilidad ha sido muy profundo, pero a diferencia de lo sucedido en otros países, Costa Rica optó porque la decisión sea adoptada libremente por sus ciudadanos y ciudadanas, en el ejercicio más pleno de la democracia participativa. Es, tal vez, la primera ocasión que en el hemisferio americano se usa la consulta popular para decidir los alcances económicos y consecuencias legales de un acuerdo interestatal en asuntos de libre intercambio comercial de bienes y servicios.

En la región centroamericana hay pocos antecedentes en esta materia. Por un lado, Panamá tiene una importante trayectoria en la realización de consultas populares en temas fundamentales para su vida política y económica, entre ellas dos relativas a la reelección presidencial y la ampliación del Canal de Panamá, la última en octubre de 2006. En Guatemala se llevó a cabo un referéndum sobre reformas constitucionales en 1999. En Costa Rica es la primera vez que se utiliza este mecanismo de democracia directa.

Con motivo de este novedoso ejercicio electoral, que fortalece a la institucionalidad democrática que ha hecho ejemplar a Costa Rica, se han configurado posiciones antagónicas entre quienes apoyan incondicionalmente
la vigencia legal y las ventajas comerciales del tratado, que forman parte de la Alianza Ciudadana que fomenta el voto por "el SI", y quienes están en contra del tratado porque aseguran que la implementación tendrá consecuencias críticas sobre recursos económicos e institucionales, que forman parte del Movimiento Patriótico que promueve el voto por "el NO". Con mucha vehemencia y en algunos momentos muy tensos, ambas tendencias han presentado sus argumentos en pro y en contra de la entrada en vigencia del
acuerdo comercial.

Sin embargo, esta es una ocasión propicia para pensar en el futuro de los derechos humanos desde la situación de las personas y grupos humanos desfavorecidos económicamente que deben enfrentar la condición de desigualdad social en la pobreza con o sin tratados comerciales de índole internacional.

Derechos humanos de los pobres

Desde mayo de 2006 el IIDH ha llamado a echar una mirada crítica a la dimensión de los derechos humanos de las mayorías en situación de pobreza. Lo ha propuesto por medio de la supervisión del progreso en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por los Estados en los tratados de derechos humanos y sociales, así como en la Carta Democrática Interamericana, suscrita por Costa Rica. En ese sentido, esta consulta del 7 de octubre, que concierne solo al pueblo costarricense, ha soslayado en los debates generales y ha dejado de lado en la campaña entre ambas tendencias el derecho de actualidad y de supervivencia que tienen los pobres de participar en el mercado local y en el intercambio comercial de bienes y de servicios.

A principios de 2007 el IIDH respaldó a CUDECA, una ONG local, para una importante reunión entre 75 mujeres en situación económica muy deprimida, todas residentes en las áreas marginales de San José. En la reunión participaron entidades del Estado (Instituto Mixto de Ayuda Social - IMAS y Ministerio de Vivienda), encargados de la política social costarricense. En esta singular ocasión, las jefas de hogar presentaron los exiguos logros económicos de sus muy pequeñas empresas, reclamando el sentido de urgencia
que tiene el trabajo por cuenta propia y la participación en las líneas del pequeño comercio, y reivindicando las condiciones favorables que debe proveer el Estado.

No se trata de la inserción en el gran mercado ni del libre comercio internacional - al que las jefas de hogares pobres no pueden llegar ni acceder. Se trata de que los Estados, con o sin tratados de comercio
internacional, dispongan mecanismos, eliminen trabas e impedimentos, y se las ingenien con modalidades que favorezcan y fomenten entre estos sectores populares y desfavorecidos su derecho a participar activamente del libre intercambio comercial de bienes y servicios entre sus propios rangos sociales y, más allá, con otros estratos.

Este derecho al trabajo y al comercio por cuenta propia (TCCP) desde los sectores en situación económicamente desigual debe de fomentarse en condiciones propicias, sin patentes ni cobros impagables, con tratados o sin tratados internacionales, lo que reduciría muchas expresiones de pobreza y elevaría la dignidad de la persona humana que está limitada económicamente y desigual en sus derechos de ciudadanía.

En el panorama actual de Centroamérica, los gobiernos de la región tendrán que ir "más allá" y no solo asegurar el mantenimiento de la estabilidad y atracciones a la inversión, sino  cómo esto se revierte en la construcción de sociedades más solidarias que fortalezcan la democracia. Con o sin TLC, tendrán que concentrar rápidamente la organización del Estado en torno a los intereses y derechos de los más pobres y discriminados, como el derecho al TCCP, y atender, con políticas explícitas y no fallidas ni de paños tibios,
las características potencialmente explosivas de la desigualdad en la región.

Este es un reto propio de derechos humanos que Costa Rica puede emprender después del 8 de octubre de 2007 cuando se conozca el resultado del histórico referéndum sobre la entrada en vigencia o la esaprobación del referido acuerdo comercial.

Roberto Cuéllar M.
Director Ejecutivo, IIDH